El que César Alierta caliente el sillón del consejo de administración le cuesta a Telefónica casi lo mismo que el despido de cada uno de los 6.500 trabajadores que se acojan al expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la operadora: unos 400.000 euros. En concreto, 415.000 euros es el precio que pagará la operadora por enviar al paro a 6.500 personas con más de 53 años y con un futuro más que incierto.
“El propio presidente de Telefónica podría haberse acogido a uno de esos ERE, ya que tiene 66 años”, ironiza Álex López, secretario de la Federación de Transportes y Comunicaciones (FETYC) de CGT, a quien le parece indecente que una empresa con beneficios (10.167 millones de euros en 2010) anuncie a la vez la destrucción de 6.500 empleos (el 20% de la plantilla en España) y un bonus para directivos de 450 millones de euros. “Parece que se están riendo de un país con un 20% de paro”, protesta López.
En la misma línea de contrastes, mientras el ERE de Telefónica rebaja al 66% del salario la remuneración de los trabajadores despedidos, la retribución total del consejo y de la dirección de Telefónica fue superior a los 42 millones de euros en 2010. De hecho, la operadora –privatizada en 1999– es la tercera compañía del Ibex 35 con una retribución más alta, sólo por detrás del Santander de Botín (101 millones de euros) y de ACS de Florentino Pérez (47,8 millones de euros).
Aún más, Alierta es el ejecutivo de su sector mejor pagado de Europa, con 8,6 millones de euros en efectivo y en acciones, más una aportación al fondo de pensiones de otros 6,6 millones de euros, según El País, que cita fuentes conocedoras de la empresa. Telefónica no hace pública la retribución de su presidente.
“Los trabajadores de Telefónica están muy indignados”, afirma Álex López. “Esos 6.500 puestos de trabajo dignos no van a volver. Pero es que los que se quedan tendrán que soportar un convenio colectivo regresivo, si no el peor, que empobrece la garantía del empleo, las externalizaciones, la movilidad geográfica forzosa o el mantenimiento del poder adquisitivo. “La gente tiene miedo al traslado forzoso o al cambio de actividad”, confirma López.
Además, el ERE afecta muy negativamente a nivel organizativo, porque “hay zonas donde podría irse un 50% de la plantilla, como Burgos, o un 35%, como Extremadura”. López se teme que una pequeña parte de esos puestos se sustituirán por subcontratados, que es “trabajo más barato, más precario, con más riesgo, con peor formación y menos seguridad”.
CGT ya ha anunciado que presentará un recurso de alzada contra el ERE. “No sólo porque faltan los datos económicos del primer semestre de este año y porque se aportan causas económicas en una empresa con beneficios”. Además, explica el sindicato en su web, la redacción del Plan Social “es inconcreta, muy imprecisa, y no da plenas garantías de los compromisos de creación y garantía de empleo, ni solución a los problemas que causará la destrucción de empleo masiva en Telefónica”.
Pese a todo, la operadora informa a sus accionistas cómo va a compensar la pérdida de 2.700 millones de euros, paro incluido, que supondrán los 6.500 trabajadores despedidos: “Los resultados de la Compañía en los próximos ejercicios se verán favorecidos por la mayor eficiencia en costes de personal”. Por si no quedara claro, en sus resultados semestrales de 2011, Telefónica reitera que no peligran “todos sus compromisos de remuneración al accionista”.
Lo cierto es que los dividendos de Telefónica, operadora otrora pública, son escandalosos: 6.755 millones de euros en 2010, en torno a 1,40 euros por acción. Y la política para los próximos años es seguir aumentándolo, hasta 1,6 euros por acción en 2011 y un mínimo de 1,75 por acción en 2012.
Tan altos son estos dividendos, que incluso la agencia de rating Standard & Poor’s le rebajó la nota en un escalón en agosto, desde A- a BBB+, al considerar que la reducción de la deuda de Telefónica será inferior a la que se preveía por una política de dividendos agresiva. Por cierto, la deuda financiera neta de Telefónica, a diciembre de 2010, ascendía a 55.593 millones de euros.
Otra de las vías para conseguir hacer caja, por el momento frustrada, es la salida a bolsa de Atento, la filial de atención telefónica de Telefónica. La salida a bolsa fue abortada en junio, cuando, en medio de las turbulencias de los mercados, Telefónica se vio obligada a rebajar el precio mínimo en el que podía quedar situada cada acción hasta 17,25 euros, frente a los 19,25 euros previstos, desde un máximo de 25 euros. Esa banda de precios suponía valorar la compañía entre 1.155 y 1.500 millones de euros. A finales de julio, su responsable financiero explicaba a analistas que la salida a bolsa de Atento se retomará cuando las condiciones del mercado mejoren.
Telefónica justifica que “la única vía” para asegurar la rentabilidad es la reducción de costes de personal. La actual dirección argumenta que en un entorno competitivo con precios a la baja y avances tecnológicos, hay que reducir costes de personal (vía ERE o convenios colectivos más precarios). Según César Alierta, Telefónica habría quebrado si no hubiera aplicado los ERE anteriores. Al respecto, Álex López cifra en 50.000 puestos de trabajo, si no más, los que se han destruido desde la privatización de Telefónica. Desde este sindicato sostienen que “nunca debiera haberse privatizado”.
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Cada vez más internacionalizada
Telefónica ha anunciado una remodelación, la más agresiva desde que César Alierta se enchufó a la operadora en 2000. La división española se integra en Europa, con lo que sólo quedarán dos unidades geográficas: Europa y Latinoamérica. Otra de las novedades es la creación de Telefónica Digital, una división con sede en Londres y 2.500 trabajadores que se encargará de los servicios de Internet.
El ADSL más caro
Según la comparativa anual que realiza la Asociación de Internautas, el ADSL de España es el sexto más caro y el noveno más lento de la Unión Europea. España es el país más caro de la UE en telefonía y servicios de comunicaciones, con precios casi un 30% superiores a la media europea, según un informe de agosto de 2011 realizado por la oficina estadística comunitaria Eurostat.
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Alierta siempre cae de pie
Mientras era presidente del exmonopolio público Tabacalera, el presidente de Telefónica, César Alierta, compró acciones de la compañía en bolsa, conjuntamente con su mujer y su sobrino, en una operación probada por la justicia como “delito de información privilegiada” que les reportó un beneficio de 1,86 millones de euros. Toda esta información está recogida como “hechos probados” en la sentencia de la Audiencia Provincial del 17 de julio de 2009, que absolvió a Alierta y su sobrino “por haber prescrito el delito de uso de información privilegiada del artículo 285 y 286 tercero del Código Penal”. Finalmente, el Tribunal Supremo confirmó la absolución del presidente de Telefónica en el caso Tabacalera, al considerar prescrito el delito.
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