8 razones para decir NO a la reforma constitucional

La reforma aprobada modifica el artículo 135 de la Constitución Española, fue propuesta y aprobada por los partidos mayoritarios PP y PSOE, y en el fondo  significa que el estado invertirá menos en las necesidades básicas sociales de los ciudadanos.

Con esta reforma del artículo 135 el gasto público, en el que se incluye las inversiones sociales en vivienda, sanidad, protección de los consumidores, becas al estudio, etc., será menor. La imposición constitucional de un tope de gasto supone que ya no se podrá gastar por encima de este tope. Además la reforma de este artículo en su punto 3 exige que el pago a las entidades financieras que hayan adquirido Deuda Pública (letras del Tesoro por ejemplo) se hará de forma prioritaria, es decir que el Estado debe pagar antes a un banco que compró Deuda Pública que invertir en la construcción de hospitales.

1.- La propuesta de reforma constitucional ha sido impuesta por decisión de los grupos políticos mayoritarios PP y PSOE, pero no ha sido escuchada la ciudadanía y en particular los consumidores que se verán fuertemente afectados, en un referéndum popular. Frente a esta forma de actuar, los consumidores exigimos ejercer nuestro derecho a la participación, como recoge la Constitución en su artículo 51. Los políticos sólo tienen en cuenta a los consumidores y usuarios para que tiren de la economía consumiendo pero no quieren tener en cuenta nuestra voz y escuchar nuestros problemas, algunos tan graves como el sobreendeudamiento o los abusos de la banca.

2.- La reforma constitucional del artículo 135 va a permitir que muchos bancos cobren con ”prioridad absoluta” la Deuda Pública que han adquirido, respecto a otros gastos que tenga el Estado, como por ejemplo inversiones de carácter social para atender necesidades de la ciudadanía. Frente a ello los consumidores decimos que el endeudamiento privado de los bancos, cajas de ahorros y promotoras es el
verdadero responsable de la situación lamentable de nuestra economía; y que además el gasto público se ha incrementado precisamente por las ayudas millonarias a entidades de crédito con apuros económicos. Por eso los consumidores exigimos a los políticos que pidan responsabilidades a las entidades de crédito culpables de la crisis y no se les den más beneficios.

3.- Con el cobro prioritario por las entidades financieras de la deuda públicas, se contribuye además a fortalecer una vez más e injustamente los balances de estas entidades, en cuyo caso los consumidores exigimos que se limite el imparable crecimiento de las comisiones y gastos que se aplican por bancos y cajas y que hacen que los usuarios estemos pagando la crisis de estas entidades.

4.- La reforma constitucional propuesta traerá como consecuencia menos inversiones en las necesidades sociales de la población. Esto significa que a menor gasto social mayor esfuerzo tienen que hacer las economías familiares (para comprar una vivienda, por ejemplo). Esto es lo que padecimos con la Burbuja inmobiliaria y del Crédito. Entre los 2001 y 2007 el déficit público osciló entre el 0,6% del PIB en 2001 hasta un superávit público del 1,7% en 2007. Los consumidores exigimos un endeudamiento justo de las administraciones públicas para evitar que los consumidores acaben endeudándose irracionalmente a manos de la banca.

5.- Porque esta reforma de la Constitución impone un tope de gasto que va a afectar a la vivienda pública. Por eso los consumidores en justa contrapartida exigimos una reforma del articulo 47 (derecho a una vivienda digna) para que se refuerce este derecho y no quede disminuido y minorado tras la reforma y los consumidores vuelvan a caer en las redes de las entidades financieras y de los promotores especuladores.

6.- Con esta reforma, la reducción de la inversión pública para los ciudadanos deja el campo abierto a las ofertas privadas que son el negocio de las entidades y la grandes empresas de servicios y multinacionales. Servicios sociales como la sanidad, las pensiones, vivienda etc., no ofrecen la misma seguridad y garantías a los consumidores y son caras, ineficientes y discriminatorias como han demostrado numerosos estudios. Por ello pedimos a los partidos políticos que han impulsado esta reforma un reforzamiento de nuestros derechos como consumidores.

7.- Limitar el déficit público que impone esta reforma significa también contribuir menos a fortalecer los organismos públicos responsables de vigilar los abusos de los bancos, cajas, seguros y grandes empresas a los consumidores: Banco de España, CNMV y Dirección General de Seguros. Los consumidores exigimos frente a ello reformar y reforzar estos organismos supervisores o crear uno nuevo potente y capaz de garantizar de verdad la protección de los consumidores. Para ello pedimos una dotación más amplia
de medios y competencias, que sea capaz de atender la complejidad creciente del mercado financiero.

8.- Porque frente al techo de déficit público y gasto social, los consumidores también exigimos poner un techo a los abusos bancarios: que las comisiones bancarias y financieras no crezcan por encima del IPC; que las cuotas hipotecarias mensuales para acceder a la vivienda habitual tengan un techo del 25% de los ingresos
de la unidad familiar; que las soluciones judiciales a lo problemas colectivos de los pequeños ahorradores no sea mayor a tres años; que los intereses de demora en los contratos de crédito y préstamo no sean mayores a 2 veces el interés legal del dinero...


Fuente: http://adicae.org:4040/archivos/constitucion/8_razones_no.pdf