Sindicatos vendidos al capital

 Vamos a rescatar esta noticia, publicada en Interviú, el 14 de noviembre del 2004... para que luego no digamos que nos pillo por sorpresa y que ninguno sabíamos que CCOO y UGT son unos vendidos que solo se mueven al son de sus propios intereses.



Citibank ha reconocido en un juzgado el pago de más de seiscientos cincuenta mil euros a los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y FITC por "el esfuerzo que realizaron" durante las negociaciones de cuatro acuerdos laborales. Ese esfuerzo se concretó en cientos de bajas y en pérdida de derechos adquiridos por los trabajadores. CCOO resta importancia al cobro de dinero y dice que es "práctica habitual" que las empresas asuman las minutas de sus abogados y expertos.


Los sindicatos mantienen que su misión es defender a los trabajadores, pero hay prácticas que cuestionan seriamente esta declaración de intenciones. Una de las más escandalosas se ha producido durante los últimos años en Citibank España, entidad financiera que ha pagado un mínimo de seiscientos cincuenta mil euros euros a Comisiones Obreras, UGT y FITC (Federación Independiente de Trabajadores del Crédito) a cambio de su colaboración para cerrar cuatro negociaciones laborales. Estos acuerdos supusieron una importante reducción de la plantilla y eliminaron derechos adquiridos de los empleados.

Los hechos son investigados por el Juzgado de lo Social Número 35 de Madrid, como parte de un pleito entre el banco y un ex ejecutivo del mismo. "Pagar a los sindicatos por su trabajo es una práctica habitual de mercado", confesó el presidente de Citibank España, Sergio de Horna, durante la vista oral celebrada el pasado 29 de octubre.

Citibank opera en el mercado español desde 1983 y es una filial de banca de consumo de Citigroup, la principal compañía de servicios financieros del mundo. El pago a los sindicatos se inició hace cinco años, cuando la empresa decidió trasladar desde Madrid a Barcelona el centro de servicio de llamadas telefónicas. El acuerdo afectaba a cerca de doscientos cincuenta trabajadores y la mayoría se negó al cambio por los graves inconvenientes que les suponía cambiar de ciudad, de forma que optaron por dejar su empleo y aceptar las indemnizaciones previstas en el pacto con el banco, que fue suscrito el 25 de noviembre de 1999 por CCOO, UGT y FITC.

Durante la negociación, Citibank España ordenó pagar 234.000 euros (treinta y nueve millones de pesetas) a los tres sindicatos. Este dinero no se ingresó directamente en las cuentas de las centrales, sino que se abonó por medio del prestigioso bufete de abogados Baker & McKenzie.

Entre la documentación aportada por las partes al Juzgado de lo Social figuran varias cartas de Baker & Mckenzie a Citibank, fechadas en los primeros meses de 2000, en las que se explica que la facturación mensual del bufete incluye los "pagos a terceros".

Estos hechos eran conocidos por los responsables de la entidad financiera en Estados Unidos, ya que fueron informados por Juan Carlos Sancho, director financiero de Citibank España.

La Unidad de Riesgos del banco, con sede en Nueva York, preguntó a la filial española por diversos aspectos del acuerdo de traslado a Barcelona y Sancho les respondió a través de un correo electrónico: "Los honorarios de los abogados fueron por el asesoramiento legal prestado en el proceso de negociación y por los procedimientos legales mantenidos ante las autoridades laborales, al efecto de cerrar los casos uno a uno. Ello también incluye los honorarios de los sindicatos, pagados a través de los abogados (39 MM pesetas)", se indica en el correo firmado por Juan Carlos Sancho y enviado el 27 de julio de 2000.

El segundo acuerdo entre Citibank y los sindicatos, firmado el 30 de mayo de 2000, supuso una reducción de plantilla de más de doscientas personas mediante un plan de prejubilaciones y bajas incentivadas. El banco entregó otros doscientos treinta y cuatro mil euros a las centrales, de nuevo a través de Baker & Mckenzie. La cantidad total se fraccionó en tres entregas, facturadas a Citibank por el bufete de abogados durante los meses de mayo, junio y julio de 2000.

La existencia de pagos por medio de Baker & Mckenzie fue admitida por Citibank durante la vista judicial. Sergio de Horna, presidente del banco desde marzo de 2002 y máximo responsable de los servicios jurídicos cuando se produjeron dichas entregas de dinero, declaró que "inicialmente se hicieron pagos a Baker y desde ahí se podía pagar a los sindicatos por el trabajo que estaban haciendo".

El presidente de Citibank era entonces Charles del Porto, ahora jubilado y que no compareció en el juicio. Sergio de Horna explicó que, desde que él asumió la presidencia, se dejó de utilizar al bufete de abogados para abonar dinero a las centrales: "Durante mi mandato, todos los pagos están perfectamente facturados y abonados directamente en cuentas de los sindicatos. En ningún momento se realizaron pagos irregulares".

Sergio de Horna se refería a otros dos acuerdos alcanzados bajo su presidencia con los sindicatos, en noviembre de 2002 y julio de 2003.

En el primer caso se reformó el plan de pensiones para los empleados de la entidad, de forma que el banco se ahorró más de un millón de euros en aportaciones ya comprometidas.

En el segundo caso, las centrales aceptaron el traspaso de activos desde Citibank a una nueva empresa denominada Citifin, lo que garantiza ahorro de costes en el futuro: todos los empleados que entren en Citifin estarán regulados por el convenio de entidades financieras, que es mucho menos favorable para los trabajadores que el de banca que rige en Citibank.

En relación a estos dos acuerdos existe una discrepancia sobre las cantidades abonadas por Citibank. Sergio de Horna admitió el pago de ciento cuarenta y tres mil doscientos noventa euros a CCOO y de cuarenta y un mil ochocientos veintinueve euros a FITC por ambas negociaciones.

Es decir, que el banco habría abonado noventa y dos mil cuatrocientos catorce euros por cada uno de los dos acuerdos. Estas cifras plantean una pregunta: si en los pactos alcanzados en 1999 y 2000 los "honorarios sindicales" se cifraron en doscientos treinta y cuatro mil euros cada uno, ¿por qué en los años 2002 y 2003 se reduce a tan sólo noventa y dos mil cuatrocientos catorce euros?

En el juicio se escucharon dos versiones diferentes. El ex ejecutivo del banco aseguró que la cifra realmente pagada fue similar en todos los casos, pero que en 2002 y 2003 una parte se abonó en dinero negro. En concreto, indicó que él mismo había entregado 144.242 euros a CCOO y 125.490 euros a FITC, siguiendo las instrucciones de sus superiores.

Esta versión la rechaza tajantemente Sergio de Horna, quien insistió en que jamás se había pagado en dinero negro. Eso sí, el presidente de Citibank no supo explicar a qué se debía la diferencia: "No soy consciente de por qué se pagó ahora menos que en 2000", contestó durante el interrogatorio.

De acuerdo con la versión de la entidad financiera, el antiguo ejecutivo se quedó con ese dinero y, al ser descubierto, se inventó como coartada que lo había entregado a los sindicatos. En caso de que finalmente se probasen las entregas de dinero negro, Citibank habría entregado en total novecientos veinticinco mil euros, en vez de los seiscientos cincuenta mil reconocidos oficialmente.

El juez encargado del caso requirió a las centrales para que indicasen qué cantidades habían recibido de Citibank entre 2000 y 2003.

Comisiones Obreras admitió sólo el cobro de ciento cuarenta y tres mil doscientos noventa euros y, de hecho, presentó una certificación en la que indica que cobró en concepto de "asesoramiento".

FITC admitió el cobro de cuarenta y un mil ochocientos veintinueve euros.

Estas cifras se corresponden en ambos casos con las recibidas oficialmente por los acuerdos firmados en 2002 y 2003.

Los sindicatos no mencionan los cobros del año 2000, quizá acogiéndose a la literalidad de la pregunta, ya que el pago no lo realizó directamente Citibank sino Baker & McKenzie. En todo caso, los pagos de 2000 fueron admitidos por la entidad financiera.

UGT deja de cobrar

En las dos negociaciones cerradas en 2002 y 2003, UGT no percibió ninguna cantidad. La principal razón es que, dentro de UGT, se había producido un importante conflicto tras conocerse internamente la existencia de cobros por los dos primeros acuerdos.

En varias reuniones de la sección sindical de UGT en Citibank, celebradas durante el año 2001, se comentó que el sindicato había recibido cuarenta y ocho mil euros (ocho millones de pesetas) por el pacto sobre bajas incentivadas alcanzado en 2000 y que el secretario general de la Federación de Servicios de Madrid, José Miguel Villa, había "recibido un favor" del banco. En concreto, su ex mujer entró en la plantilla de Citibank el 6 de febrero de 2001.

Buena parte de los delegados de UGT en Citibank abandonaron el sindicato en mayo de 2002 y se fueron a la CGT (Confederación General del Trabajo).

Teo Ortiz, uno de los sindicalistas que abandonó UGT, explicó durante el juicio que "José Miguel Villa admitió durante una conversación conmigo que habían recibido el dinero y aseguró que Comisiones Obreras estaba cobrando más que UGT".

Todos estos hechos llevaron a los responsables de Citibank a pensar que UGT no era un sindicato tan fiable como CCOO al menos a la hora de mantener la confidencialidad sobre los pagos.

Durante la vista judicial, Sergio de Horna intentó justificar los pagos de los años 2002 y 2003 con dos argumentos: que "son prácticas habituales del mercado" y que las centrales "estaban realizando esfuerzos muy grandes".

Sin embargo, no supo contestar a la siguiente pregunta que le planteó el abogado de la acusación: "Si había cinco sindicatos con representación, ¿por qué se pagó sólo a CCOO y FITC? ¿Es que los demás sindicatos no realizaban esfuerzos?".

Además de las centrales que cobraron, existían en ese momento en Citibank secciones sindicales de UGT, de CGT y del sindicato nacionalista gallego CIG.

El dirigente de Comisiones Obreras Francisco Baquero señaló a Interviú que los pagos recibidos correspondían en todos los casos a la labor de asesoramiento practicada por el sindicato: "Nuestros abogados y expertos han dedicado muchas horas a cada negociación. Es práctica habitual preguntar en asamblea a los trabajadores no afiliados si quieren asumir ellos las minutas o si prefieren que pague la empresa".

Respecto al hecho de que los primeros abonos se realizaran por medio de Baker & McKenzie, Baquero contestó lo siguiente: "Todos los pagos están facturados con IVA y reflejados en nuestro balance".

Ordenadores y entradas

Las prácticas de Citibank para tener contentos a los sindicatos no se limitaron al pago en metálico. Sergio de Horna confesó durante el juicio otros favores realizados a Comisiones Obreras y, en concreto, a los máximos responsables de la Federación de Servicios Financieros y Administrativos (Comfia).

El presidente de Citibank explicó que habían regalado varios ordenadores a CCOO, que es el sindicato mayoritario en el banco. Al menos fueron cinco los ordenadores pagados por Citibank, en dos facturas abonadas en 2000 y 2003, por un importe de tres mil cuatrocientos catorce y de cuatro mil ochocientos noventa y tres euros, respectivamente.

Sergio de Horna también recordó que Citibank había pagado "algún viaje a Los Ángeles, al parecer para un asunto relacionado con actividades del sindicato [CCOO] en Estados Unidos".

En realidad, el presidente del banco estaba mezclando en su declaración dos asuntos diferentes. En octubre de 2000, Citibank financió un viaje de una semana a Estados Unidos a tres dirigentes de Comisiones Obreras: María Jesús Paredes, máxima responsable en asuntos bancarios de CCOO en su calidad de secretaria general de Comfia; su marido, Francisco Baquero, que también es dirigente de Comfia, y Francisco López, secretario general de la Federación de Banca de Madrid.

Los tres se alojaron en el Hotel Hilton de Nueva York, desde el 21 hasta el 24 de octubre. Al día siguiente se trasladaron a San Antonio (Texas), donde hicieron una visita al call-center de Citibank en dicha ciudad y que sirvió como disculpa para justificar el viaje. El banco pagó todos los gastos de los tres sindicalistas (viajes, comidas, taxis), tanto durante los días de Nueva York como durante la estancia en San Antonio. El "incentivo a los sindicatos", como denominan a este tipo de regalos en Citibank, le costó al banco unos doce mil euros.

En ese viaje no se realizó ninguna visita a Los Ángeles, ciudad mencionada por De Horna en el juicio.

El asunto de Los Ángeles es otro. El banco le compró a María Jesús Paredes y a su marido seis entradas para ver un partido del equipo de baloncesto de Los Angeles Lakers, que se disputó el 28 de diciembre de 2003. Las entradas, en una zona privilegiada del pabellón, le costaron a Citibank tres mil doscientos treinta y tres dólares. En esa ocasión, el viaje a Estados Unidos lo abonó de su propio bolsillo el matrimonio de sindicalistas.

En declaraciones a esta revista, Francisco Baquero señaló que el viaje del año 2000 fue "institucional. Visitamos la sede del banco en Nueva York y las instalaciones de Texas. Este tipo de viajes institucionales se hacen muy a menudo".

En cuanto al regalo de los ordenadores, dijo que "desconocía el asunto, aunque es verdad que las empresas nos suelen proveer de material para la actividad sindical".

Por último, admitió que el banco le había comprado las entradas para ver a Los Lakers: "Tenía un hijo estudiando en Estados Unidos. Intenté adquirir las entradas por internet, pero después del 11-S no vendían al extranjero. Así que le pedí a Citibank que me hiciera la reserva y luego se las pagué".

Preguntado si tenía alguna factura para demostrar que las había pagado, Baquero admitió que no. Y respecto a la excusa del 11-S, hay que indicar que las entradas se compraron por internet desde un despacho de Citibank en La Moraleja.